A partir del año 2017 Venezuela viene
sintiendo los efectos dramáticos del rompimiento del estado de derecho,
situación que se produjo al, Nicolás Maduro, quien entonces fuera presidente,
convocar a una Asamblea Constituyente sin haber realizado antes una consulta
previa a los ciudadanos venezolanos. La Mesa de la Unidad Democrática,
estandarte de la oposición junto a antiguos reconocidos chavistas calificaron
la medida como «el aniquilamiento de la República y del Estado democrático». En
mayo del año siguiente se realizaron elecciones presidenciales, mismas eran
carentes de legitimidad por ser convocadas por la Asamblea Constituyente y no
por la legítima Asamblea Nacional que en el 2015 consiguió 112 escaños para la
MUD, gracias al apoyo de más del 64 % de los votos. En consecuencia, las
elecciones presidenciales del 2018 marcaron un histórico ausentismo de 67,7 %.
El 5 de enero de 2019 es designado como presidente de la Asamblea el Ing. Juan
Guaidó, quien el día 23 del mismo mes, se juramenta como Presidente Interino,
haciendo una interpretación análoga del artículo 233, por no constar en la
Constitución Venezolana norma expresa que tipifique cómo proceder en caso de no
existir un primer mandatario legalmente elegido.
Desde aquel 23 de enero la situación
venezolana se incrementó el caos que vive la ciudadanía venezolana, porque
tanto el régimen como la oposición han vulnerado algunos factores kantianos
importantes. Por un lado vemos al régimen de Nicolás Maduro violentando
constantemente el derecho a la libertad de pluma con su constante y permanente
censura a diversos medios de comunicación locales y extranjeros, llegando también
a exigir que se retire de la parrilla de programación de operadoras de
televisión por cable, entiéndase empresas privadas, a canales que muestren
connotación de oposición o que debiliten su imagen de gobernante; así mismo se
llegó a bloquear páginas de internet de medios de prensa, incluso apresando a
decenas de periodistas y trabajadores de medios, evitando así que los
ciudadanos adquieran la información que les permitiría razonar y sopesar los
hechos que les permitirían definir o mantener una postura sobre los sucesos que
ocurren en su entorno y que afectan su diario vivir. Nicolás Maduro les niega
así el derecho a alcanzar la mayoría de edad y el derecho a pensar por sí
mismos. No solo eso, sino que como consecuencia de sus medidas violenta de
manera flagrante la libertad de todos los individuos, tanto ilustrados como los
que permanecen en minoría de edad. En el otro extremo tenemos a una oposición
que intenta recuperar el estado de derecho, pero sin una esperanza o plan
concreto y efectivo que le permita alcanzar un nuevo orden en corto y
determinado tiempo. Este último hecho incluso es el más grave y el que afecta
en consecuencia a la población venezolana. Porque la enfrenta a un estado de
revolución y caos, bajas civiles y derramamiento de sangre prolongado, sin
tener una certeza de los pasos a seguir para recuperar su libertad.
Es aplaudible la entereza del
presidente interino, su buena voluntad por recuperar el orden en su país, pero
no se puede alcanzar la calma de una nación siguiendo caminos turbulentos o
desobedeciendo la ley sin un plan (esperanza). El tan popular por estos días
artículo 233 de la Constitución venezolana, bajo el cual juramentó Guaidó no
podía ser aplicado. Una condición para la aplicación del mismo es reemplazar al
presidente electo de manera legítima. Esa no es la situación venezolana. Si se
considera ausencia por presentarse ante la Asamblea Nacional a juramentar,
entonces se estaría reconociendo la legitimidad de las elecciones convocadas
por la Asamblea Nacional Constituyente y por ende e inmediatamente, se
extendería aquella legitimidad a Nicolás Maduro. Existe un vacío en la Carta
Magna sobre un procedimiento claro y específico sobre el proceder, de manera
que se presenta la oportunidad de realizar una interpretación análoga para
interpretar la norma que más se asemeje a o resuelva la laguna en que se
encuentra Venezuela por falta de tipificación del problema actual, pero esto
debía hacerlo la Asamblea Nacional antes de juramentar al presidente para
garantizar las elecciones libres, secretas y democráticas en un lapso no mayor
a 30 días. Esto no ha ocurrido y, sin estrategia, no podrá ser.
A más de tres meses de que la
oposición venezolana se alzara en rebeldía contra un régimen inconstitucional,
los ciudadanos siguen en zozobra, sin recuperar el estado de derecho y las
garantías y libertades que el mismo. La única solución para terminar con la
desobediencia civil que se registra porque el gobernante no cuenta con el apoyo
de la voluntad popular, es implementar un plan concreto que devuelva a los
ciudadanos la calma, pero que esté apegado a la ley.
