Viejo análisis kantiano

A partir del año 2017 Venezuela viene sintiendo los efectos dramáticos del rompimiento del estado de derecho, situación que se produjo al, Nicolás Maduro, quien entonces fuera presidente, convocar a una Asamblea Constituyente sin haber realizado antes una consulta previa a los ciudadanos venezolanos. La Mesa de la Unidad Democrática, estandarte de la oposición junto a antiguos reconocidos chavistas calificaron la medida como «el aniquilamiento de la República y del Estado democrático». En mayo del año siguiente se realizaron elecciones presidenciales, mismas eran carentes de legitimidad por ser convocadas por la Asamblea Constituyente y no por la legítima Asamblea Nacional que en el 2015 consiguió 112 escaños para la MUD, gracias al apoyo de más del 64 % de los votos. En consecuencia, las elecciones presidenciales del 2018 marcaron un histórico ausentismo de 67,7 %. El 5 de enero de 2019 es designado como presidente de la Asamblea el Ing. Juan Guaidó, quien el día 23 del mismo mes, se juramenta como Presidente Interino, haciendo una interpretación análoga del artículo 233, por no constar en la Constitución Venezolana norma expresa que tipifique cómo proceder en caso de no existir un primer mandatario legalmente elegido.

Desde aquel 23 de enero la situación venezolana se incrementó el caos que vive la ciudadanía venezolana, porque tanto el régimen como la oposición han vulnerado algunos factores kantianos importantes. Por un lado vemos al régimen de Nicolás Maduro violentando constantemente el derecho a la libertad de pluma con su constante y permanente censura a diversos medios de comunicación locales y extranjeros, llegando también a exigir que se retire de la parrilla de programación de operadoras de televisión por cable, entiéndase empresas privadas, a canales que muestren connotación de oposición o que debiliten su imagen de gobernante; así mismo se llegó a bloquear páginas de internet de medios de prensa, incluso apresando a decenas de periodistas y trabajadores de medios, evitando así que los ciudadanos adquieran la información que les permitiría razonar y sopesar los hechos que les permitirían definir o mantener una postura sobre los sucesos que ocurren en su entorno y que afectan su diario vivir. Nicolás Maduro les niega así el derecho a alcanzar la mayoría de edad y el derecho a pensar por sí mismos. No solo eso, sino que como consecuencia de sus medidas violenta de manera flagrante la libertad de todos los individuos, tanto ilustrados como los que permanecen en minoría de edad. En el otro extremo tenemos a una oposición que intenta recuperar el estado de derecho, pero sin una esperanza o plan concreto y efectivo que le permita alcanzar un nuevo orden en corto y determinado tiempo. Este último hecho incluso es el más grave y el que afecta en consecuencia a la población venezolana. Porque la enfrenta a un estado de revolución y caos, bajas civiles y derramamiento de sangre prolongado, sin tener una certeza de los pasos a seguir para recuperar su libertad.

Es aplaudible la entereza del presidente interino, su buena voluntad por recuperar el orden en su país, pero no se puede alcanzar la calma de una nación siguiendo caminos turbulentos o desobedeciendo la ley sin un plan (esperanza). El tan popular por estos días artículo 233 de la Constitución venezolana, bajo el cual juramentó Guaidó no podía ser aplicado. Una condición para la aplicación del mismo es reemplazar al presidente electo de manera legítima. Esa no es la situación venezolana. Si se considera ausencia por presentarse ante la Asamblea Nacional a juramentar, entonces se estaría reconociendo la legitimidad de las elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente y por ende e inmediatamente, se extendería aquella legitimidad a Nicolás Maduro. Existe un vacío en la Carta Magna sobre un procedimiento claro y específico sobre el proceder, de manera que se presenta la oportunidad de realizar una interpretación análoga para interpretar la norma que más se asemeje a o resuelva la laguna en que se encuentra Venezuela por falta de tipificación del problema actual, pero esto debía hacerlo la Asamblea Nacional antes de juramentar al presidente para garantizar las elecciones libres, secretas y democráticas en un lapso no mayor a 30 días. Esto no ha ocurrido y, sin estrategia, no podrá ser.

A más de tres meses de que la oposición venezolana se alzara en rebeldía contra un régimen inconstitucional, los ciudadanos siguen en zozobra, sin recuperar el estado de derecho y las garantías y libertades que el mismo. La única solución para terminar con la desobediencia civil que se registra porque el gobernante no cuenta con el apoyo de la voluntad popular, es implementar un plan concreto que devuelva a los ciudadanos la calma, pero que esté apegado a la ley.